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jueves, 26 de noviembre de 2009

ESTOS SON LOS HECHOS, AHORA JUZGUEN USTEDES.

Con asiduidad se airea que Amigos de Badajoz estaba en la Comisión de Patrimonio cuando pasó el proyecto de Biblioteconomía, que al venir avalado por los técnicos en Patrimonio de la Junta de Extremadura y con la finalidad de dar vida a la Alcazaba, recibió nuestro apoyo, seguros de que una intervención de la máxima institución regional en una de las mejores Alcazabas de España no podía ser contraria a la Ley de Patrimonio que la propia Junta había hecho en 1999,  pero nos equivocamos…

Lo que no se hace público y no es menos cierto ni menos importante es que un jurado de “expertos” eligió un proyecto en 1998 que era irrealizable por ir contra la ley, al derribar parte del Hospital Militar que estaba protegido y al levantar edificios de cuatro plantas en un castillo medieval, como es la Alcazaba.

- El 13 de junio del año 2000, cuando el edificio aun estaba en estructura, Amigos de Badajoz ya le escribe al entonces Director General de Patrimonio Sr. Pérez Urban denunciando “que las obras que se están llevando a cabo van contra la Ley de Patrimonio” y se le plantea una serie de soluciones  para reformar el proyecto y que se adecue a la legalidad. Tres días después, el día 15 de junio, nos reunimos con el citado Director de Patrimonio y con el Consejero de Cultura, D. Francisco Muñoz Ramírez, momento en que volvemos a reiterar que el edificio causa un tremendo impacto y viola la ley y el más puro sentido común. Llevamos fotos, documentación, los artículos de la Ley de Patrimonio que se incumplían y una propuesta para bajar la altura del cubo, eliminar el recrecido de las cubiertas que se estaba haciendo en todo el edificio y las enormes claraboyas que se estaban construyendo. Ellos nos hablaron del diálogo de arquitecturas, de la modernidad..., sin importarles que eso la ley no lo permite.
- El 17 de junio lo denunciamos ante los medios de comunicación, cuando aun tenía una solución fácil, reformar el proyecto y adaptarlo.
 - El 20 de junio el propio Ayuntamiento, ante la evidencia, pide a la Junta en la prensa  que considere el posible impacto ambiental del edificio. Lo único que se consigue es que la Consejería de Cultura salga a los medios de comunicación tachando de “irresponsables y de ánimo de protagonismo” las denuncias de Amigos de Badajoz.
 La Asociación no ceja en su empeño y el 22 de junio manda escritos a Rodríguez Ibarra para pedirle que intervenga como máxima autoridad regional y que el proyecto se reforme y se ajuste a la ley. Lo mismo hacemos con sendos escritos ante el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, Concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, Consejero de Cultura, Francisco Muñoz y Director de Patrimonio, Francisco Pérez Urban, sin recibir ninguna respuesta.
- El 29 de junio se solicita formalmente al Ayuntamiento de Badajoz y a la Dirección General de Patrimonio la paralización de las obras, con el fin de no provocar “Una situación que podría resultar irreversible y de difícil y costosa resolución”, como  desgraciadamente se ha demostrado ahora. Escritos que en esa misma fecha se vuelven a enviar al presidente de la Junta y alcalde de Badajoz, al estar facultado éste último por la Ley del Suelo, cuyos artículos le adjuntamos, a revocar la Licencia de Obras.
- El día 30 de junio sale en la prensa que se ha reunido la Concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, con el Director General de Patrimonio, Pérez Urban, para revisar el proyecto de Biblioteconomía, acordando seguir adelante con las obras y declarando ésta última ante los medios de comunicación sin el mayor empacho que: “es mejor esperar a que se acabe la obra del edificio y si queda mal se derriba…”. La reunión en la que la Consejería de Cultura nos convoca para el día 5 de julio de 2000 para tratar el tema, queda suspendida “sine die” unilateralmente por la Junta.

Otro punto de gran importancia en este asunto que no ha trascendido y que también podría haber evitado la situación actual es que la Asociación Amigos de Badajoz consiguió que el asunto de Biblioteconomía se volviese a debatir en el seno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura, concretamente en la sesión celebrada el 12 de julio de 2000, llegándose a un importantísimo acuerdo por unanimidad que nunca llegó a ser reflejado en el acta de esa sesión, como denunciamos en un escrito el 24 de julio. El acuerdo decía lo siguiente: “Que el edificio de nueva planta causa impacto formal y ambiental dentro del conjunto monumental en el que se construye, debiéndose por tanto buscar otras soluciones”.
- Ante las protestas de Amigos de Badajoz por la manipulación del Acta de la Comisión de Patrimonio, se convoca una sesión por sorpresa el 7 de agosto, sin cuorum y sin la presencia de los dos técnicos en Patrimonio, como es preceptivo, y donde entre los puntos del día no figura la aprobación del Acta de la sesión anterior, como es obligado.
- En la siguiente sesión, el 12 de septiembre de 2000, el propio Director General de Patrimonio asiste a la reunión, lo que nunca hacía, para presidirla personalmente e instar a la Comisión a que no se pronuncie sobre el asunto de Biblioteconomía, en un alarde de ineptitud que, junto con otros, nos ha conducido a la situación actual.
- Entonces, a Amigos de Badajoz no le quedó otro camino que el de los tribunales, interponiendo el recurso el 10 de noviembre de 2000.

Lo que ha ocurrido después es sabido por todos y ahora sólo cabe acatar y cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo más triste de todo, como ciudadanos, es que se ha malgastado el dinero público, pues las administraciones han construido el edificio con nuestro dinero, si les denuncias al detectar una ilegalidad, se defienden con nuestro dinero y, si consigues demostrar que es ilegal, una vez más reforman el edificio con nuestro dinero, sin que ninguna institución sea responsable de tal desaguisado.

Desde Amigos de Badajoz siempre hemos apostado porque la facultad estuviese en la Alcazaba y hoy las administraciones deben hacer un esfuerzo serio para devolver el edificio a la legalidad y permitir que siga siendo útil para que los universitarios continúen en él hoy y mañana, y para que cuando decidan irse libremente pueda realizar otros usos.

Por último, y mientras nuestros representantes municipales anuncian manifestarse para que no se cumpla la ley ni las sentencias del Tribunal Supremo en un ejercicio de cinismo e irresponsabilidad, pues igual mañana hacen lo mismo para abolir los impuestos, no quiero dejar pasar por alto las curiosas acepciones que nuestros políticos dan a palabras como “responsabilidad” y “sentido común”, que para ellos es sinónimo de llegar a acuerdos extrajudiciales para no cumplir las sentencias del Supremo, o de aquellos que, cumplirla, lo consideran un “despilfarro económico”, olvidando que ese mismo apelativo es el exacto a aplicar para cuando las administraciones gastan cientos de millones del bolsillo de los ciudadanos en una obra ilegal que hay que derribar y volver a rehacer.

Estos son los hechos, ahora juzguen ustedes. Los tribunales ya lo han hecho.

Antonio Manzano Marchirant